La Comisión Política organizadora de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declara ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
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La realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), en la ciudad de Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre de 2014 conllevan un reto de trascendencia para el país y el mundo: aprobar el borrador de un nuevo Acuerdo Climático Global vinculante, que redefina los compromisos de los Estados y la comunidad internacional, para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) e implementar políticas de adaptación y mitigación para enfrentar el mayor problema global que enfrenta la humanidad: el cambio climático.
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Dada la magnitud del impacto del cambio climático sobre los pueblos del mundo –y en especial sobre los pueblos indígenas u originarios– los Estados y gobiernos tienen la obligación de escuchar las diversas voces, demandas y propuestas de los pueblos que por medio de las organizaciones civiles y movimientos sociales (ambientalistas, agrarios, indígenas, sindicales y ciudadanos en general) expresarán su común aspiración de transitar hacia nuevas formas de vida y convivencia basadas en el Buen Vivir y el respeto de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
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El cambio climático –ocasionado principalmente por la emisión de GEI proveniente de los países industrializados– tiene una mayor afectación en los países menos industrializados, a pesar que éstos contribuyen en menor medida a su generación. Esta situación exige avanzar de manera efectiva hacia una Justicia Climática global.
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El cambio climático es una realidad irreversible que afecta con mayor gravedad a las comunidades y pueblos indígenas, cuyas prácticas productivas, sociales y culturales guardan una estrecha relación con el ambiente y la Madre Tierra.
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El cambio climático ya afecta la disponibilidad de bienes comunes (agua, tierra fértil, biodiversidad, etc.), cultivos y alimentos, agravando la salud de todos los seres vivos. Los eventos climáticos extremos ocasionan severos daños a las comunidades y ecosistemas, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas, en particular la situación de las mujeres indígenas y rurales.
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Las políticas neoliberales promueven modelos de producción a gran escala y un enfoque de competitividad agrícola que va en desmedro de los sistemas agroalimentarios. Brindan facilidades al capital privado para concentrar la tierra, privatizar los bienes comunes, controlar el acceso al agua y marginan a la pequeña agricultura familiar, indígena y campesina que sustenta la alimentación popular. En este contexto, la crisis climática aumenta los riesgos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria e incrementa la amenaza sobre la biodiversidad, patrimonio de la humanidad.
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El cambio climático afecta la reserva de agua dulce de los glaciares e incrementa el nivel del mar, generando riesgos para las poblaciones costeras. La contaminación de cuencas, ríos y lagunas por la extracción indiscriminada de minerales e hidrocarburos, así como el consumo intensivo de la agroindustria, e incrementan el estrés hídrico en diversas regiones del planeta. Los Estados tienen la obligación de preservar las fuentes hídricas y garantizar el derecho humano al agua, así como el saneamiento y gestión pública de las empresas proveedoras de agua potable.
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Advertimos que el problema del cambio climático no es solo ambiental, sino que involucra al conjunto de la vida social y natural, por lo que debe abordarse en toda su complejidad y de manera integral. La situación actual exige de manera imperiosa adoptar políticas y medidas orientadas a frenar el calentamiento global (mitigación) así como a disminuir sus impactos (adaptación) sociales, económicos y culturales.
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Urge que los Estados asuman compromisos específicos para atender las necesidades de adaptación climática de los pueblos más vulnerables y promuevan programas que desarrollen sus capacidades para la resiliencia territorial, aprovechando y potenciando los conocimientos locales y tradicionales.
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Urge avanzar hacia la erradicación del uso de combustibles fósiles como base de la matriz energética. Deben detenerse las tecnologías no convencionales (fracking) para explotar hidrocarburos y evitar el subsidio a los combustibles fósiles. Por el contrario, se deben destinar mayores recursos para la investigación e inversión en tecnologías limpias y alternativas.
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Llamamos a construir un modelo de vida que vaya más allá de la “economía verde”, que basada en la lógica capitalista pone un precio a la Naturaleza y la mercantiliza con el disfraz de responsabilidad social y ambiental. Esta lógica de mercado subyace en los créditos de carbono y otras falsas soluciones al cambio climático que permiten privatizar la Madre Tierra y vulnerar los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios y bienes comunes.
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Finalmente llamamos a todos los pueblos y movimientos sociales del mundo a hacer causa común en la Cumbre de los Pueblos para defender y promover el trabajo decente, vinculado a un modelo de desarrollo sostenible que permita a los pueblos y trabajadores salir de la pobreza y progresar social y económicamente, asegurando para ellas y sus familias un medio ambiente protegido para las próximas generaciones.
Comisión Política organizadora de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático
Lima, 18 de septiembre, 2014
Asociación Nacional de Productores Ecológicos – Alianza de Organizaciones Agrarias (ANPE PERÚ-AOA) / Confederación Campesina del Perú (CCP) / Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) / Confederación Nacional Agraria (CNA) / Central Unitaria de Trabajadores (CUT) / Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC –P) / Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y colectivos juveniles / Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) / Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable (FENTAP) / Grupo Perú COP20 (GPCOP20) / Marcha Mundial de Mujeres (MMM) / Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú (ONAMIAP) / Unión Nacional de Comunidades Aymaras del Perú (UNCA)
